En una pizarra alguien ha escrito algunos datos sobre el programa de vivienda del gobierno. Alrededor de ese encerado se mueven y hacen corrillo varios personajes que no tienen pinta de ser del vecindario: el alcalde de distrito, su ayudante, el representante de la Personería, dos funcionarios del Ministerio de Vivienda… Un hombre se está dirigiendo al auditorio. Es un líder vecinal. Da la impresión de que nadie lo escucha. Llantos de bebés, juegos infantiles, voces por el celular, gentes que conversan casi a gritos. Pero lo cierto es que la asamblea discurre y el ruido no impide que casi todo el mundo la siga. Podría ser una escena de esas que suceden en el patio de la vivienda en la película La estrategia del caracol.

La reunión es un compromiso arrancado por el movimiento vecinal a los burócratas gubernamentales. Pero, para la mayoría, la propuesta es un fiasco. El gobierno quiere que se vayan del cerro. El pretexto, real a medias, es el riesgo por la inestabilidad de las casas. Otros intereses urbanísticos están detrás de esta voluntad de sacarles de allá. La mayoría del vecindario esperaba una propuesta acorde a su condición: viven de lo que acá se llama «el rebusque». Sin embargo, la propuesta es una hipoteca social, que solo podrían afrontar familias que ganaran entre dos y tres salarios mínimos. Por eso en la asamblea hay bastante bronca: algunos sonríen burlonamente, otros gritan y amenazan con irse.

Alguien dice: «No necesitamos una vivienda en propiedad, necesitamos un lugar donde vivir».